Fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo a desastre, en comunidades ubicadas en la cuenca del río Samala. Fase III

Guatemala con aproximadamente 13 millones de habitantes, de los cuales casi el 60 por ciento son indígenas, tiene una economía que se sustenta en la agricultura y la agroindustria, pero el 2,6 por ciento de los grandes latifundios ocupan el 65 por ciento de la tierra cultivable y el 88 por ciento de las propiedades engloban tan solo el 16 por ciento de la tierra disponible.

El 50 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 40 de cada 100 guatemaltecos en pobreza extrema. El 82 por ciento de la pobreza está concentrada en el área rural; el 65 por ciento de la población total reside en esta área, donde tres de cada cinco personas pobres son indígenas.

El proyecto se ejecuta en dos de los nueve municipios que integran el departamento de Retalhuleu, siendo estos Retalhuleu municipio (Cabecera departamental) y Champerico.

Debido a su ubicación y condiciones geográficas el área de intervención del proyecto se ve afectado constantemente por:

Inundaciones: provocadas por crecidas del río Samala o por lluvias intensas o continuas en el área de intervención provocada por huracanes, tormentas tropicales que con frecuencia azotan el litoral pacifico guatemalteco.

Sequías: producidas por irregularidades en el régimen de lluvias a causa de la variabilidad climática producida por el cambio climático, lo cual se ha notado constantemente, especialmente en los últimos años. Ambos fenómenos afectan a la productividad agrícola de las comunidades objeto de intervención

Movimientos telúricos: frente a la costa del municipio de Champerico se ubica la zona de subducción entre las placas del Caribe y Cocos, lo cual genera una buena cantidad de sismos cada año.

Otra condición de vulnerabilidad para las comunidades donde se ejecuta el proyecto es el desarraigo, en su mayoría las comunidades están integrada por población indígena proveniente del altiplano guatemalteco donde las condiciones productivas son diferentes a las de la costa, por lo que su asentamiento en la región ha requerido varios años de adaptabilidad a las condiciones climáticas, topográficas y sociales.

Con las comunidades se inició el trabajo en el 2008 dentro del marco del programa de cooperación de la Xunta de Galicia. El primer proyecto con una duración de 6 meses (de julio a diciembre de 2008) generó las condiciones de inserción y confianza de las comunidades, quienes, al principio, proporcionaron a dos miembros de cada comunidad para trabajar con el proyecto.

En el 2009 se dio un salto cualitativo y cuantitativo: se organizaron comisiones comunitarias en cada comunidad contando con doce integrantes cada una, se establecieron coordinaciones con CONRED y con las autoridades municipales, generando buena comunicación entre las comisiones comunitarias, los alcaldes, la CONRED y el CPDL, lográndose la acreditación y reconocimiento de 14 de las 18 comisiones como Coordinadora Locales de Reducción de Desastres (COLRED) con lo cual se integraron la sistema nacional de CONRED.